Bruselas estudia abrir un expediente contra España por las condiciones a la OPA sobre Sabadell
La Comisión Europea está valorando la apertura de un procedimiento de infracción contra el Gobierno de España por las condiciones impuestas en el marco de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell. La posibilidad de sanciones ha reavivado el debate sobre la compatibilidad de las intervenciones del Ejecutivo con el marco normativo europeo en materia de competencia y libre circulación de capitales.
Según fuentes comunitarias, la Dirección General de Competencia considera que las exigencias formuladas por el Gobierno español podrían vulnerar los principios de neutralidad y no discriminación que rigen las operaciones transfronterizas dentro del mercado único. En particular, se cuestiona que se exijan compromisos estructurales a BBVA que podrían desincentivar la operación o restringir injustificadamente la autonomía de la entidad compradora.
El procedimiento de infracción, de iniciarse formalmente, podría prolongarse durante varios meses y no afectará de inmediato a las condiciones impuestas, pero sí podría conducir a una resolución que fuerce a España a modificar su actuación. Este conflicto se produce en un momento de creciente escrutinio de Bruselas sobre las políticas económicas nacionales, en particular en lo que respecta a la integración bancaria.
Desde el Gobierno se insiste en que las condiciones establecidas se enmarcan dentro de sus competencias como Estado miembro y que tienen por objeto preservar la competencia efectiva, el arraigo territorial del sistema financiero y la protección de los clientes bancarios. No obstante, los analistas apuntan a que podría haberse sobrepasado el límite de lo admisible según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.
El trasfondo de este conflicto trasciende la operación concreta entre BBVA y Sabadell: plantea un dilema sobre el papel que deben jugar los Estados en fusiones empresariales de carácter transnacional y el equilibrio entre soberanía económica y reglas comunes del mercado único.
Si finalmente se abre el expediente, se trataría de un nuevo episodio en la compleja relación entre Bruselas y Madrid, que en los últimos años ha estado marcada por tensiones en materia fiscal, financiera y de cumplimiento de normativas comunitarias. La decisión de la Comisión se espera para las próximas semanas.