El CGPJ propone una amplia ampliación de plazas judiciales para reforzar los tribunales españoles
El Consejo General del Poder Judicial ha dado un paso significativo hacia la mejora de la administración de justicia en España al proponer la creación de 509 nuevas plazas judiciales en todo el territorio nacional. Esta iniciativa, dirigida a aliviar la carga de trabajo en los juzgados y tribunales más saturados, representa una de las mayores expansiones estructurales del órgano de gobierno de los jueces en los últimos años.
Entre las zonas que recibirán refuerzos destacan Galicia, con una asignación de 21 nuevas plazas. Vigo, ciudad especialmente afectada por el colapso de la jurisdicción civil, contará con cuatro nuevos jueces en la Sección Civil del Tribunal de Instancia. Asimismo, se prevé la incorporación de magistrados en A Coruña, Santiago, Ferrol, Ourense y Pontevedra. En Castilla y León, el CGPJ considera «imprescindible y prioritaria» la creación de un tercer juzgado de primera instancia e instrucción en Aranda de Duero, una ciudad cuya carga procesal supera ampliamente la media nacional.
La medida forma parte de un informe más amplio del Poder Judicial que busca reequilibrar la distribución de medios personales ante el aumento de la litigiosidad, la transformación de los modelos familiares y las nuevas realidades económicas postpandemia. Fuentes del Consejo señalan que esta ampliación no solo pretende reducir los retrasos, sino también mejorar la calidad de las resoluciones judiciales, afectadas en muchos casos por la sobrecarga de trabajo.
El Ministerio de Justicia deberá ahora valorar la viabilidad presupuestaria y operativa de esta propuesta, en diálogo con las comunidades autónomas con competencias transferidas. De aprobarse, esta ampliación podría materializarse en el primer semestre de 2026, tras los correspondientes procesos de oposición y concursos de traslado.
En un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia el sistema judicial, iniciativas como esta buscan revertir esa percepción dotando a los juzgados de los medios humanos necesarios para impartir justicia con celeridad, garantía y eficacia. La decisión del CGPJ subraya también la importancia de mantener una estructura judicial dimensionada al tamaño y complejidad de la sociedad española actual.
Con esta propuesta, el Poder Judicial marca una hoja de ruta clara para afrontar los retos de la justicia del siglo XXI, donde la proximidad al ciudadano y la agilidad procesal se han convertido en demandas inaplazables.