La Comisión Europea urge a España a adoptar una estrategia nacional contra la corrupción
En su último informe anual sobre el Estado de Derecho, la Comisión Europea ha lanzado una severa advertencia a España: el país necesita con urgencia una estrategia nacional integral contra la corrupción. Bruselas señala la ausencia de avances significativos en este ámbito y alerta sobre los riesgos de inacción frente a un fenómeno que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
La Comisión subraya que, a pesar de los compromisos asumidos por el Ejecutivo español, no se ha concretado una política coordinada que articule medidas preventivas, mecanismos de supervisión y sanciones efectivas. Asimismo, destaca la necesidad de reforzar los órganos de control interno, garantizar la independencia de las investigaciones y dotar de medios suficientes a la Fiscalía Europea.
En paralelo, el informe menciona la congelación de más de 1.100 millones de euros en fondos europeos por parte de la UE debido a incumplimientos en los mecanismos de control y transparencia exigidos. Esta decisión pone de relieve la gravedad del problema y las consecuencias económicas que puede acarrear para la gestión de los recursos públicos.
Diversos analistas coinciden en que esta llamada de atención no es nueva, pero sí adquiere un carácter más urgente en el contexto actual, donde la opinión pública exige mayores niveles de ética y responsabilidad en la gestión pública. La falta de una estrategia clara es interpretada como un signo de debilidad institucional, especialmente en un momento en que otros países de la UE están avanzando en planes nacionales contra la corrupción.
La respuesta del Gobierno español ha sido hasta ahora limitada, centrándose en iniciativas sectoriales y reformas normativas puntuales. Sin embargo, Bruselas insiste en la necesidad de una hoja de ruta coherente y verificable, con indicadores de evaluación y plazos concretos.
La advertencia europea podría tener también consecuencias políticas internas, ya que refuerza los argumentos de quienes reclaman una regeneración institucional y una acción más decidida contra la corrupción. En este sentido, el informe actúa como catalizador de un debate imprescindible sobre la calidad de la democracia en España y la fortaleza de su Estado de Derecho.