El Tribunal Supremo obliga al Gobierno a entregar miles de informes al PP
El Tribunal Supremo, mediante dos sentencias firmadas el 8 de mayo de 2025 y presididas por la magistrada Alicia Millán, ha estimado los recursos presentados por el Partido Popular en el Senado, representado por la senadora Eva Ortiz Vilella, y ha declarado que María Jesús Montero no puede ocultar los informes de la Intervención y la Abogacía del Estado que fueron solicitados con anterioridad. Los populares han estado defendidos en este procedimiento por el abogado Víctor Soriano, director del despacho Soriano i Piqueras.
Las resoluciones obligan al Gobierno de Pedro Sánchez a entregar los documentos requeridos: más de 5.000 informes de la Intervención y alrededor de 4.000 de la Abogacía del Estado, emitidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2023. Ambos recursos se tramitaron tras dos denegaciones del Ministerio de Hacienda en febrero y junio de 2024, que alegaba que el volumen de documentación era “materialmente imposible” de procesar.
El Supremo rechaza categóricamente este argumento y recuerda que ni la generalidad de la petición ni su volumen impiden el acceso, dado que, según el tribunal, el Servicio Jurídico del Estado podría organizarse para remitir los informes “en un único soporte electrónico”. También desestima el argumento del Ministerio Fiscal, que había señalado la falta de justificación sobre el interés público de la solicitud, aclarando que el control parlamentario es en sí mismo un interés legítimo.
Además, la Sala de lo Contencioso-Administrativo subraya que el acceso a esta información está amparado por la Constitución, que garantiza el derecho de los parlamentarios a participar en la vida pública y ejercer funciones de control al Ejecutivo. La sentencia también hace referencia a jurisprudencia del Tribunal Constitucional que vincula la transparencia institucional con el compromiso hacia los ciudadanos.
El fallo establece que el Gobierno debe entregar la documentación solicitada en un plazo no superior a 30 días y se condena al Estado al pago de las costas del procedimiento, con un límite de 2.000 euros por recurso.
Estos fallos se inscriben en una serie de decisiones recientes del Supremo (como ya ocurrió en 2022) que fortalecen los mecanismos de control parlamentario frente al Ejecutivo, en medio de crecientes tensiones políticas entre el PSOE, Sumar y la oposición por la transparencia.
Desde el PP, el fallo se ha celebrado como un triunfo de la rendición de cuentas y la vigilancia democrática. Desde Moncloa, se advierte que no se recurrirá nuevamente, por lo que el Gobierno debe asumir las consecuencias: acelerar la entrega de los documentos y revisar sus protocolos internos para responder a futuras solicitudes parlamentarias.
Con esta sentencia, el Supremo envía un mensaje claro: ni la complejidad técnica ni el volumen de trabajo pueden usarse para escamotear información relevante al control democrático. La transparencia, sostiene el alto tribunal, no admite excusas administrativas ni atajos organizativos.