Es la pregunta que me hacen en las cenas, casi siempre entre el segundo plato y el café. Y esconde un malentendido sobre en qué consiste, de verdad, defender —o acusar— cuando mira el país entero.
Es, con diferencia, la pregunta que más veces me han formulado fuera de una sala de vistas. La hacen con un punto de malicia, como quien pide la contraseña de un club discreto: dónde encuentra un cargo público, cuando le estalla una causa penal, al abogado que lo va a sacar del apuro. Esperan que confiese la existencia de una agenda secreta, un directorio reservado que se transmite en susurros por los pasillos del poder.
Mi respuesta suele decepcionar, porque no hay tal agenda. Y, sobre todo, porque la pregunta parte de una idea equivocada de en qué consiste este oficio.
La imagen popular del abogado de los casos sonados es la del letrado mediático: el que domina el plató, el que tiene una frase para cada micrófono a la salida del juzgado, el que convierte la instrucción en un espectáculo. Esa figura existe, desde luego. Pero, en mi experiencia, es casi siempre la más prescindible. El caso que ocupa portadas no se gana en el plató; se gana —o se pierde— en el lugar más aburrido y menos fotogénico que existe: los folios de un procedimiento que casi nadie leerá entero.
Hay una razón de fondo, y es la que de verdad importa. A un cargo público rara vez se le persigue por un delito común, de los que caben en el imaginario de cualquiera. Se le persigue por cómo ejerció el poder: por una adjudicación, por una resolución administrativa, por un expediente urbanístico, por una decisión que tomó desde un despacho oficial. Y eso significa que la pregunta penal —¿hubo delito?— es inseparable de una pregunta previa, administrativa: ¿qué margen tenía para decidir lo que decidió?, ¿qué le exigía la norma que aplicaba? La prevaricación, por definición, no se entiende sin el Derecho administrativo que presuntamente se quebró.
Por eso el penalista que trabaja estas causas y no domina el Derecho público está manco. No basta con saber de tipos penales y de garantías procesales; hay que moverse con la misma soltura por el reglamento sectorial, por la Ley de contratos, por el planeamiento urbanístico. Esa frontera entre lo penal y lo administrativo, el territorio que a tantos incomoda, es precisamente donde se decide la suerte de estos asuntos. Quien la conoce parte con ventaja; quien la ignora, por brillante que sea en la oratoria, llega tarde.
Hay, además, una singularidad muy española que multiplica la temperatura de estas causas: la acusación popular. Aquí, a diferencia de casi todo nuestro entorno, un ciudadano o una organización pueden ejercer la acción penal sin ser víctimas, y con frecuencia son esas acusaciones las que empujan los grandes procesos contra el poder. He estado en los dos lados de esa institución: he ejercido la acusación popular ante el Tribunal Supremo y he asumido la defensa en asuntos que llenaban informativos. Desde ambas orillas se aprende lo mismo: que la exposición pública no es un premio, sino la principal fuente de error. La tentación de litigar en la prensa, de responder a un titular con otro titular, es enorme —y casi siempre ruinosa para el cliente—.
Ángel Ossorio tituló su clásico El alma de la toga, y la expresión sigue diciéndolo todo. El alma de este oficio no está en el foco, sino en la sala; no en la contundencia del gesto ante la cámara, sino en la contención ante el tribunal. Defender —o acusar— bien a alguien a quien media España detesta o adora exige, antes que nada, silenciar el ruido: leer el expediente completo, discutir cada prueba, respetar los tiempos del procedimiento y aguantar la presión de un entorno que reclama declaraciones cuando lo que toca es trabajar. Es un ejercicio de temple más que de talento.
Así que, cuando me preguntan dónde buscan los políticos a sus abogados, la respuesta honesta es que no buscan un nombre en un directorio. Buscan —o deberían buscar— a alguien que entienda que el poder se juzga por cómo se ejerció, y que esa es una cuestión de Derecho público tanto como de Derecho penal; a alguien capaz de sostener esa doble mirada bajo una presión que lo deforma todo; y a alguien dispuesto a hacer lo menos vistoso de la profesión, que es también lo más difícil.
No hay agenda secreta. Hay un oficio exigente que se confunde, demasiadas veces, con su caricatura. Y la distancia entre ambos —entre el abogado de plató y el que se remanga sobre los folios— es exactamente la distancia entre perder un caso con estruendo y ganarlo en silencio.