Hay una frase que se repite en todos los congresos jurídicos desde hace tres años: «la inteligencia artificial no sustituirá a los abogados, sino a los abogados que no usen inteligencia artificial». Se pronuncia en tono tranquilizador y el auditorio asiente. Nadie parece reparar en que esa frase no consuela: amenaza. Describe una fractura del mercado de trabajo y la enuncia como si fuera un lema de superación personal.
Conviene decirlo sin eufemismos. La inteligencia artificial no está democratizando la abogacía: la está partiendo en dos. Y la línea de corte no pasa por donde se dice en los congresos.
La IA no suma, multiplica
El error de casi todo el debate consiste en tratar la tecnología como un incremento aditivo: una herramienta más, un ahorro de tiempo, un asistente. No lo es. Es un multiplicador, y un multiplicador aplicado sobre criterio produce resultados muy distintos según cuánto criterio haya debajo.
El abogado cuyo valor consistía en leer ochocientos folios de expediente ha perdido su foso defensivo en dieciocho meses. El abogado cuyo valor consistía en saber cuáles son los tres folios que importan acaba de contratar gratis a alguien que le lee los setecientos noventa y siete restantes. Es la misma tecnología. El efecto es opuesto.
Los datos disponibles apuntan justamente ahí. El informe Foqum Legal AI Views 2026 describe un despliegue marcadamente asimétrico en el ecosistema jurídico español: las editoriales jurídicas encabezan la madurez tecnológica, seguidas de los grandes despachos, mientras que las firmas boutique no alcanzan siquiera el umbral de madurez y la Administración pública se queda en un punto sobre diez. Dicho de otro modo: la brecha no separa a quienes «saben de IA» de quienes no. Separa a quienes tienen estructura, datos y capacidad de inversión de quienes no la tienen.
Y aquí está la primera incomodidad, que conviene asumir antes de que la señale otro: eso significa que la selección no será estrictamente meritocrática. Las firmas pequeñas y muy especializadas —precisamente las que concentran más criterio por abogado— son las que menos capacidad tienen de industrializarlo. La velocidad no la marca solo el talento. La marca también el balance.
La hora facturable como activo tóxico
Durante cuarenta años la profesión ha vivido de una unidad de medida que premiaba la lentitud. Cuanto más tardabas, más facturabas. Nadie lo formulaba así, pero el incentivo estaba ahí y todos lo conocíamos.
Ese modelo ha entrado en contradicción consigo mismo. Si un escrito que exigía doce horas ahora exige cuatro, solo hay dos salidas: facturar las cuatro horas que realmente se han trabajado —y ver caer los ingresos a un tercio por un producto idéntico— o cobrar por el resultado y quedarse el margen íntegro. La primera opción es honesta y ruinosa. La segunda exige algo que muchos despachos nunca han tenido: capacidad de explicar por qué su trabajo vale lo que vale, sin recurrir al cronómetro.
El mercado ya se está moviendo, y no por iniciativa de los despachos. El segundo Informe Anual de Best Law Firms sobre el mercado legal español, elaborado a partir de 218 firmas que emplean a más de 4.400 abogados, recoge que el 74 % de los despachos ofrece ya alguna modalidad de facturación alternativa —cinco de media por firma— y que el 42 % de los grandes y medianos ha desplegado herramientas de IA generativa en varias áreas de práctica. La presión, como reconoce el propio informe, vino primero de los clientes.
Los clientes, además, tienen ahora un dato que antes no tenían: saben cuánto se tarda. Han preguntado al mismo modelo. La asimetría de información sobre la que se sostenía buena parte del sistema de precios se ha evaporado en silencio.
Lo que de verdad se rompe es la escalera
Este es el punto que casi nunca se menciona y que a mi juicio importa más que todos los anteriores.
El criterio jurídico no se enseña en un máster. Se adquiere haciendo mal, muchas veces, un trabajo que después alguien corrige. Leer expedientes enteros, extraer jurisprudencia que luego resulta inservible, redactar primeras versiones que el socio destroza, revisar contratos hasta que se empieza a ver dónde está el problema antes de terminar la cláusula. Ese trabajo ingrato era, además de trabajo, un plan de formación pagado por el cliente sin que el cliente lo supiera.
Es exactamente el trabajo que hoy hace la máquina. Mejor, más rápido y a las tres de la madrugada.
Si desaparece el peldaño en el que se aprendía —porque ya no resulta económicamente racional pagar a un junior por lo que cuesta céntimos— no estaremos elevando el nivel de la profesión. Estaremos suprimiendo la forma de entrar en ella. Y de ahí se sigue una conclusión desagradable: los «malos abogados» de 2040 no lo serán por vocación ni por pereza. Lo serán porque nadie pagó su aprendizaje. La abogacía de dos velocidades no será una selección darwiniana del talento, sino una selección por capacidad de sostener cinco años de rentabilidad negativa.
La mayoría
A diciembre de 2025, según el censo de la Abogacía Española, los 83 Colegios agrupaban a 154.417 abogados ejercientes. Un país con un abogado por cada trescientos y pico habitantes. Una parte muy considerable de esa masa vive de trabajo estandarizado, de alto volumen y margen escaso: reclamaciones de consumo, tráfico, divorcios de mutuo acuerdo, escritos administrativos formularios, turno de oficio a baremos que llevan décadas sin actualizarse en términos reales.
Ese es el segmento donde el coste marginal tiende a cero y donde el precio acabará siguiéndolo. No porque esos compañeros sean malos abogados —muchos son excelentes—, sino porque lo que venden ha dejado de ser escaso. Y hay una señal previa que ya está en los datos: el número de letrados inscritos en el turno de oficio ha caído un 14,1 % desde 2020, hasta 38.871 en 2025, mientras las solicitudes de justicia gratuita subían a 1,15 millones. El mercado ya estaba avisando antes de que llegara ningún modelo de lenguaje.
El contraargumento honesto
Existe una réplica seria y hay que formularla. Si el servicio jurídico se abarata, el mercado se expande: hay una demanda insatisfecha inmensa de personas que hoy no acuden a un abogado porque no pueden pagarlo. Es la paradoja de Jevons aplicada al Derecho, y tiene fundamento.
Con dos matices que rara vez se añaden. El primero, que la demanda latente es, por definición, aquella que no puede pagar; que aflore no significa que sea rentable. El segundo, y más importante, que el excedente de esa expansión lo capturará quien controle la plataforma y la distribución, no el profesional individual. Ampliar el acceso a la justicia mediante IA puede ser magnífico para la sociedad y pésimo para la cuenta de resultados de la profesión. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. No se dicen juntas porque en los congresos hay que terminar con optimismo.
Qué se compra realmente
Lo que sobrevive a la commoditización no es el conocimiento —ya está commoditizado— ni la velocidad, que se compra por suscripción. Son tres cosas, y ninguna es tecnológica.
La primera, el juicio sobre qué merece la pena alegar. Eso no está en los datos, porque depende de esta sala, de este ponente y de este momento procesal, y quien haya pisado un tribunal sabe que esa variable no se entrena.
La segunda, la firma. Alguien tiene que asumir la responsabilidad. El modelo no tiene colegiación, ni seguro, ni responsabilidad disciplinaria, ni una carrera que perder. El cliente no compra un texto: compra a alguien que responde del texto.
La tercera, el acceso a los hechos. El cliente le cuenta la verdad a una persona, no a una ventana de chat, y la mitad del trabajo jurídico consiste en averiguar qué ocurrió de verdad.
Conclusión incómoda
Quien tenga sesenta años y una cartera consolidada saldrá indemne. Quien tenga veinticinco también podrá salir adelante, si alguien le paga por aprender. El problema está en el centro del escalafón: el abogado con quince años de ejercicio cuyo valor consistía en hacer rápido y bien aquello que ahora hace gratis una máquina. Ese es el que no se menciona en las ponencias.
Y conviene identificar bien la amenaza, porque no es la que se anuncia. Las máquinas no compiten por tus clientes; no tienen clientes. Compiten los compañeros. La inteligencia artificial no va a dejar sin trabajo a ningún abogado: van a hacerlo los abogados que la usen bien, ofreciendo lo mismo por menos o más por lo mismo. Eso se llama competencia y es exactamente lo que llevamos décadas exigiéndole a todos los demás sectores.
Lo otro —la retórica del acompañamiento, los cursos de herramientas, la ilusión de que aquí cabemos todos sin que nada cambie— es lo que se dice en los congresos. Esto es lo que se dice en las juntas de socios.