El 1 de julio se cumplió un año del arranque de la mayor reorganización de la planta judicial desde 1882. El Ministerio de Justicia presentó un balance triunfal; cinco días después, el decano del ICAM proponía derogar la pieza estrella de la reforma. Ambos manejan cifras ciertas. La discrepancia no está en los números: está en qué se supone que miden.
Lo que dice el Ministerio
En el Palacio de Parcent, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes resumió el primer año del nuevo modelo en una fórmula: «más jueces, más juicios y menos litigios».
Los datos aportados, procedentes de las comunidades autónomas sin competencias transferidas —Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Illes Balears, Asturias, La Rioja, Ceuta y Melilla—, dibujan lo siguiente desde julio de 2025:
- +7,3% de juicios señalados y +5,4% de vistas celebradas.
- −10% en la entrada de nuevos litigios en términos generales, y más de −21% en el orden civil, atribuido a la obligatoriedad de acudir a un medio adecuado de solución de controversias antes del pleito.
- −35,8% de litigiosidad en el orden civil y una reducción interanual de la pendencia del 0,7%, que el Ministerio destaca como el primer descenso en una década al margen de la pandemia.
En lo organizativo, 431 tribunales de instancia han sustituido a 3.900 antiguos juzgados unipersonales, con un Tribunal Central de Instancia en la Audiencia Nacional, uno por partido judicial y funcionamiento colegiado. El Ministerio, apoyándose en el CGPJ, sostiene que la transición se produjo sin incidencias estructurales y sin provocar demoras ni suspensiones.
El argumento económico también se esgrime: crear una plaza judicial costaba antes entre 500.000 y 600.000 euros y ahora ronda los 100.000, lo que habría permitido convocar 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales, además de la macroconvocatoria de 700 plazas. La inversión declarada en la implantación supera los 1.120 millones de euros: 850 en digitalización, 192 en medios personales y 79 en infraestructuras.
Lo que dice la abogacía
El 6 de julio, en un acto celebrado en Madrid, el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, ofreció el balance inverso sobre la Ley Orgánica 1/2025: un tapón de asuntos en apelación, una avalancha de inadmisiones, disparidad de criterios e inseguridad jurídica, y una dificultad añadida para el acceso del ciudadano a la Justicia. Su conclusión fue explícita: «una de las propuestas estrella sería su derogación».
Ribón se apoyó en una encuesta del propio ICAM publicada en noviembre, con la opinión de más de mil operadores jurídicos: solo uno de cada diez intentos de acuerdo llega a buen puerto, y el 83,7% de los profesionales valora de forma negativa o muy negativa la obligatoriedad de los MASC como requisito de procedibilidad.
La decana del ICA de Zamora, Ana Martín, coincidió en el diagnóstico y añadió el déficit de medios —de funcionarios, de jueces, de letrados de la Administración de Justicia— y el impacto específico en los asuntos de familia, donde el trámite previo se superpone a procedimientos que exigen celeridad por estar en juego el interés de menores. Sobre las cifras de mejora fue tajante: es fácil reducir la pendencia si se ponen cortapisas a la entrada.
No son voces aisladas. Un informe del Consejo General de la Abogacía Española, elaborado con las aportaciones de los consejos autonómicos y los colegios de todo el territorio, constata mejoras pero también importantes incidencias. Y los informes de los presidentes de tribunales recogidos en marzo describían improvisación, equipos incompletos, problemas en la reubicación de funcionarios y fallos informáticos; el del Tribunal Superior de Justicia de Madrid llegó a pronosticar que la pendencia aumentaría a lo largo de 2026 como consecuencia de la propia transición.
El punto ciego del debate
La discusión, despojada de retórica, se reduce a una pregunta: ¿qué mide un descenso del 35,8% en la litigiosidad civil?
Puede medir que un tercio largo de los conflictos que antes llegaban al juzgado se resuelven ahora extrajudicialmente. O puede medir que un tercio largo de los conflictos que antes llegaban al juzgado ya no llegan a ninguna parte. Los datos publicados hasta ahora no permiten distinguir entre ambas hipótesis, y esa es precisamente la información que falta: cuántos requerimientos de MASC terminan en acuerdo, cuántos en silencio del requerido y cuántos en abandono de la pretensión. La encuesta del ICAM apunta a un ratio de éxito del 10%; si el dato se confirmara con carácter general, la caída de la entrada no se explicaría por la solución de los conflictos, sino por su desaparición estadística.
Hay además un efecto de segunda ronda que ninguno de los dos balances aborda: el desplazamiento de la carga. Si el filtro reduce la entrada en primera instancia pero genera un tapón en apelación —como sostiene el ICAM—, la pendencia global no baja, sino que se traslada de un escalón a otro. Los datos de pendencia por instancia serían aquí más elocuentes que el agregado.
Hasta que el CGPJ publique estadística desagregada del funcionamiento de los MASC y de la pendencia por instancia, ambos balances seguirán siendo verdaderos y ninguno concluyente. Mientras tanto, la reforma afronta su segundo año con una anomalía difícil de sostener: la pieza que el Ministerio considera responsable de sus mejores cifras es la misma que la abogacía institucional pide derogar.