Así resume Víctor Soriano —director de Soriano i Piqueras Abogados y letrado de un grupo de grandes perjudicados— el fraude de Madeira Invest Club. La Audiencia Nacional ha procesado a diez personas por defraudar más de 185 millones de euros a 3.062 inversores y les reclama más de 247 millones de euros en fianzas.
Durante casi dos años, Madeira Invest Club (MIC) funcionó como lo que decía ser: un club de inversión exclusivo, con sede física en Madrid, cajas fuertes, eventos multitudinarios y una promesa difícil de resistir. Rentabilidades muy por encima del mercado y, sobre todo, un esquema presentado como una vía para no tributar. El 17 de septiembre de 2024 las páginas web y los canales de la plataforma se apagaron de golpe, se vaciaron los perfiles en redes sociales y miles de inversores descubrieron que su dinero se había esfumado. Hoy el fundador de MIC está en prisión provisional y la causa se instruye en la Audiencia Nacional como una de las mayores estafas vinculadas a criptoactivos que se recuerdan en España.
Del asesor fiscal anónimo al «club» millonario
Detrás de MIC estaba Álvaro Romillo, conocido en internet como CryptoSpain. Se había hecho popular como supuesto experto en elusión fiscal, prometiendo que se podía vivir sin pagar impuestos cumpliendo la ley, y durante mucho tiempo ocultó su identidad tras una mascarilla. Sobre esa reputación construyó, a partir de 2023, la plataforma madeirainvest.com.
El mecanismo era sencillo de vender y difícil de auditar. A cambio de una aportación mínima —según la documentación aportada por los denunciantes, en torno a los 2.000 euros para empezar a operar—, el inversor accedía a un catálogo de supuestos productos que internamente se denominaban «obras»: relojes de lujo, vehículos de alta gama, inmuebles, oro y otros metales preciosos, participaciones en startups e incluso negocios de hostelería. La plataforma garantizaba rendimientos mínimos que, según el instructor, llegaban a anunciarse hasta el 20 %, mientras que en su promoción exterior se llegaron a manejar cifras de hasta el 53 %. En realidad, según la investigación, no existía actividad inversora real: los fondos se transferían a cuentas controladas por Romillo y su entorno.
El entramado se completaba con sociedades satélite. Una de ellas, Sentinel, se dedicaba a la custodia de efectivo, oro y criptomonedas «para facilitar la elusión fiscal», y es la que habría canalizado dinero hacia terceros. Otra, un concesionario de vehículos de lujo, aparecía repleta de Porsche, Ferrari o Bentley cuyo paradero se desconoce. Sobre todo ello se superpuso una estructura societaria con presencia en el estado norteamericano de Nuevo México, un diseño que dificultaba la supervisión de las autoridades financieras españolas.
La advertencia que nadie atendió
La primera señal pública llegó pronto. Ya en mayo de 2023 la Comisión Nacional del Mercado de Valores advirtió de que las sociedades del grupo no figuraban inscritas en sus registros ni estaban autorizadas para prestar servicios de inversión: en la jerga del supervisor, un «chiringuito financiero». La advertencia no detuvo la captación, que continuó hasta el colapso.
Cuando en septiembre de 2024 la actividad cesó sin previo aviso, los responsables difundieron un comunicado atribuyendo el bloqueo del dinero a la propia CNMV y a la Agencia Tributaria, sin aportar prueba alguna. En paralelo, los denunciantes detectaron cambios de administradores en los meses previos y la aparición de testaferros, movimientos orientados —sostienen— a diluir responsabilidades y a poner a salvo los fondos.
La Audiencia Nacional toma el caso
La magnitud del perjuicio y el número de afectados llevaron la instrucción a la Audiencia Nacional. El titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 4, José Luis Calama, abrió diligencias y admitió a trámite las denuncias presentadas por varias asociaciones de perjudicados, apreciando desde el inicio indicios de estafa piramidal y organización criminal. La competencia de la Audiencia Nacional quedó justificada por la cuantía y por la dispersión territorial de las víctimas.
La instrucción avanzó con rapidez. En junio de 2025 se acordó el embargo de bienes por importe cercano a los 260 millones de euros, y se llegó a bloquear una cuenta en Singapur a la que se habían derivado unos 29 millones. El 7 de noviembre de 2025, a instancia de la Fiscalía y de las acusaciones particulares, Calama decretó el ingreso en prisión provisional sin fianza de Romillo por riesgo de fuga, decisión que la Sala de lo Penal confirmó en diciembre al apreciar su «ingente capacidad económica» en el extranjero.
El paso decisivo se dio el 15 de diciembre de 2025. En su auto de procesamiento, el instructor imputó a diez personas —Romillo, su padre, su pareja y otros siete investigados— la comisión de un delito masa de estafa agravada y de organización criminal, cifrando el perjuicio en 185.511.947,76 euros para 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024. A todos ellos les impuso una fianza solidaria superior a los 247 millones de euros y abrió, además, una pieza separada por blanqueo de capitales. La causa se articula así en varios frentes: el núcleo de la estafa y la organización criminal, el rastreo del dinero y una derivada fiscal que ha dado lugar a actuaciones adicionales por las cantidades presuntamente defraudadas a Hacienda.
El 11 de mayo de 2026, ya como procesado, Romillo se acogió a su derecho a no declarar ante el instructor, al igual que la mayoría de los coimputados. La causa se encamina ahora hacia la fase de juicio.
El rastro de Alvise
El caso incorpora una arista política que ha multiplicado su repercusión. El propio Romillo reconoció ante la Fiscalía haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez, Alvise, para financiar su campaña a las elecciones europeas. La aportación habría salido de Sentinel, y consta que Alvise participó en abril de 2024 en un acto de MIC en el Hipódromo de Madrid destinado a atraer nuevos inversores.
Una de las acusaciones llegó a solicitar su imputación por su papel promocional. El instructor, sin embargo, recordó que, al tratarse de un aforado, la investigación exige remitir una exposición razonada al Tribunal Supremo cuando aparezcan indicios suficientes, y no la mera atribución nominal de un hecho, por lo que rechazó inhibirse en ese punto.
La intervención de Soriano i Piqueras: los grandes perjudicados
En octubre de 2024, Soriano i Piqueras Abogados asumió la dirección letrada de la acusación particular de un grupo de grandes perjudicados ante el Juzgado Central de Instrucción n.º 4. Se trata de una veintena de inversores con una exposición económica especialmente relevante —superior, en conjunto, a los seis millones de euros aportados—, cuya reclamación frente a Romillo y al resto de procesados se sitúa en torno a los diez millones.
La estrategia del despacho ha sido, desde el principio, marcadamente cautelar. Ante el riesgo de que los responsables pusieran a salvo el patrimonio en el extranjero, Soriano instó al instructor a decretar la prisión provisional de Romillo y de su padre y a fijar una fianza de sesenta millones de euros para cada uno, subrayando la posibilidad de que dispusieran de millones de euros fuera de España. Esa línea —asegurar la efectividad de una eventual condena antes que perseguir titulares— es coherente con el perfil de una firma que compagina el derecho penal económico con el derecho público y que interviene en algunos de los asuntos de mayor complejidad de la jurisdicción.
«La segunda mayor estafa de la historia de España», sostiene Soriano al valorar la gravedad de lo ocurrido. Es una caracterización deliberadamente contundente, que apunta menos a una clasificación técnica que a la dimensión social del fraude: miles de familias, ahorros de toda una vida y un patrimonio disperso y difícil de recuperar. Junto a ello, el letrado ha expresado en varias ocasiones su preocupación por que un procedimiento de esta envergadura pueda «pervertirse» por intereses políticos o mediáticos ajenos a los de los perjudicados, y ha reivindicado que la prioridad sea la seriedad de la instrucción y la recuperación de los fondos.
Soriano i Piqueras no está sola en la defensa de las víctimas. La representación de los afectados se reparte, fundamentalmente, entre tres despachos —el propio Soriano i Piqueras, Zaballos Abogados (que agrupa a varios centenares de perjudicados) y Aránguez Abogados—, un frente amplio que Romillo llegó a atacar públicamente, según denunciaron esas firmas, con mensajes dirigidos a amedrentar a los denunciantes.
Una herida abierta y una comparación inevitable
Toda gran estafa española se mide, tarde o temprano, con el mismo espejo. El fraude de Fórum Filatélico y Afinsa, destapado en 2006, sigue siendo la mayor estafa piramidal de la historia del país: en torno a 3.700 millones de euros y cerca de medio millón de afectados, con un rastro de ruina que dos décadas después continúa sin cerrarse. Frente a esa referencia, los 185 millones de MIC no compiten en volumen absoluto, pero sí sitúan a la plataforma entre los fraudes de inversión más relevantes de los últimos años y, muy probablemente, en la primera línea de las estafas vinculadas a criptoactivos investigadas en España.
La comparación importa por una razón práctica que conocen bien los letrados de las víctimas: en Fórum y Afinsa, los afectados apenas recuperaron una fracción de lo invertido. El verdadero éxito de la instrucción de MIC no se medirá solo por las penas, sino por la capacidad de localizar y trabar los activos —los embargos ya acordados, la cuenta de Singapur, los bienes ocultos— y traducir esas cifras en reparación efectiva.
Qué viene ahora
Con el auto de procesamiento firme en lo esencial y las declaraciones indagatorias practicadas, la causa se orienta hacia la apertura del juicio oral. Para los inversores, sin embargo, la partida decisiva se juega en paralelo, en el terreno patrimonial. La fianza solidaria superior a 247 millones marca el listón de lo que la Audiencia Nacional considera necesario para responder frente a las víctimas; que ese listón llegue a cubrirse dependerá de una labor de rastreo internacional que apenas comienza.
Mientras tanto, el caso Madeira Invest Club se ha convertido en un banco de pruebas para la respuesta penal española frente a una nueva generación de fraudes: los que combinan la retórica de la libertad financiera y la elusión fiscal con la opacidad de los criptoactivos y las estructuras societarias transfronterizas. La lección, para el ahorrador, es tan antigua como el propio derecho penal económico: cuando la rentabilidad prometida no tiene explicación, la explicación suele ser la estafa.