La esposa del presidente del Gobierno comunica al Juzgado de Instrucción n.º 41 de Madrid la designación del penalista mallorquín Jaime Campaner en sustitución del exministro Antonio Camacho, y pide ampliar el plazo para formular su escrito de defensa. El relevo llega cuando la causa, ya en fase de conclusiones, ha reunido a un puñado de penalistas de primer nivel.
Begoña Gómez ha comunicado este miércoles al Juzgado de Instrucción n.º 41 de Madrid que Jaime Campaner asume su defensa en sustitución de Antonio Camacho. Según fuentes próximas a la defensa, el relevo se ha producido de común acuerdo con el letrado saliente, ante una fase procesal —el juicio ante el Tribunal del Jurado— que exige un perfil distinto al que ha dominado la instrucción.
El primer movimiento del nuevo defensor ha sido de manual: Campaner ha solicitado al Juzgado una ampliación de diez días hábiles para formular el escrito de conclusiones provisionales de la defensa, alegando que el nuevo letrado necesita «disponer de tiempo suficiente para instruirse y ejercer una defensa eficaz».
Un técnico del jurado
Campaner, mallorquín de 43 años, es profesor titular de Derecho Procesal en la Universitat de les Illes Balears, doctor por la Complutense y máster en Derecho penal económico internacional por la Universidad de Granada, con más de setecientos procedimientos a sus espaldas. Ha intervenido en causas como Nóos, Pujol, Villarejo o Pokémon, y ha defendido, entre otros, a Josep Pujol Ferrusola y al futbolista Rafa Mir. Su especialización en el procedimiento ante el jurado es tanto práctica como académica: las autoridades argentinas llegaron a requerirle para explicar el funcionamiento de la institución. Justo el terreno en el que se decidirá esta causa: nueve ciudadanos legos censados en la Comunidad de Madrid.
La salida de Camacho no es menor. El exministro del Interior con José Luis Rodríguez Zapatero ha dirigido la defensa desde el inicio de la investigación, manteniendo un pulso constante con el instructor, al que llegó a reprochar un «procedimiento fantasma» orientado a erosionar al Gobierno. Su perfil, forjado en la técnica procesal y en el cuerpo a cuerpo con el Juzgado, cede ahora el testigo a un especialista en persuadir a jurados legos.
Un procedimiento repleto de penalistas de renombre
El cambio confirma una constante de esta causa: pocas veces un mismo procedimiento ha concentrado tantos nombres propios de la abogacía penal.
La defensa de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa procesada junto a Gómez, corre a cargo de José María —Chema— de Pablo, uno de los penalistas más reconocibles del foro madrileño. Suya fue una de las intervenciones más combativas de las últimas vistas, en las que sostuvo que su clienta sería, en su caso, víctima y no partícipe, y pidió el archivo. También protagoniza el último pulso con el instructor: un recurso de reforma por la retención del pasaporte de su defendida pese al alzamiento de las cautelares acordado por la Audiencia.
La defensa de Juan Carlos Barrabés, por su parte, se ha anotado resultados nada desdeñables: logró ante la Audiencia Nacional la revocación íntegra del decreto de avocación de la Fiscalía Europea sobre uno de los contratos de Red.es, y tras el auto de la Audiencia Provincial, la situación procesal del empresario se ha reconducido fuera del jurado, por el cauce que corresponda, mientras el Ministerio Público europeo mantiene abierto su propio frente sobre los contratos financiados con fondos de la Unión.
En el lado de las acusaciones, el reparto es igualmente singular. La Fiscalía interesa la libre absolución de los tres acusados al entender que los hechos no son constitutivos de infracción penal, y la Universidad Complutense, personada, reclama la titularidad del software y unos 113.000 euros. La acusación popular, sostén real de la pretensión de condena, actúa unificada por decisión del instructor bajo la dirección letrada de HazteOír, con Javier María Pérez-Roldán a la cabeza. Dentro de ese frente, Manos Limpias —cuya denuncia inicial dio origen a la causa—, con Víctor M. Soriano i Piqueras como abogado, mantiene una línea propia y discrepante: ha defendido en sucesivos recursos la autonomía de su posición procesal frente a la agrupación bajo una representación única, y ha formulado sus propias conclusiones acusatorias.
La causa, en la recta final
La Audiencia Provincial de Madrid avaló el 16 de julio, por unanimidad, el enjuiciamiento ante el jurado de Gómez y Álvarez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación —en relación con el destino del software y el empleo de la asistente para fines privados—, si bien retiró las imputaciones por corrupción en los negocios y apropiación indebida y acordó la devolución del pasaporte. El instructor dio entonces traslado a las acusaciones para presentar conclusiones provisionales en cinco días. Con los escritos de acusación sobre la mesa, la pelota está ahora en el tejado de las defensas. Y ahí, precisamente, es donde Begoña Gómez ha decidido cambiar de manos.