Un pleno breve con un resultado ya descontado
El Pleno del Tribunal Constitucional abordó el pasado martes, en poco más de dos horas, el primero de los siete recursos de amparo pendientes por la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la ley de amnistía al delito de malversación vinculado al procés independentista. El análisis del recurso de amparo de Jordi Turull duró algo más de dos horas, entre las 12:15 y pasadas las 14:00 horas, sin que se produjera un debate de posiciones enfrentadas, ya que la minoría conservadora no desplegó argumentos más allá de apoyar al ponente.
El Tribunal Constitucional ha determinado que la amnistía es aplicable al delito de malversación relacionado con el proceso independentista catalán, una decisión que abre la puerta al regreso de Carles Puigdemont y podría beneficiar a otros líderes independentistas condenados o procesados por malversación. El TC rechazó la ponencia del magistrado José María Macías, que defendía que no se vulneraron los derechos fundamentales de Jordi Turull en su condena, y la decisión se adoptó por la mayoría habitual de siete votos a cinco, extensible a otros afectados como Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa.
El giro del ponente
Macías ha asumido que su ponencia, contraria a perdonar la malversación, no contaba con el respaldo de la mayoría denominada progresista del tribunal de garantías y ha decidido llevar a próximos plenos una nueva acorde al sentir mayoritario. En su borrador inicial, el magistrado sostenía que la interpretación llevada a cabo por la Sala Segunda del Tribunal Supremo no podía tildarse de sorprendente o imprevisible, sino que se ajustaba a la doctrina vigente sobre los elementos del tipo penal de la malversación. Ese planteamiento no logró apoyos suficientes.
El ponente, que tenía la opción de renunciar a redactar la resolución, ha preferido mantener la responsabilidad de dictarla, añadiendo su voto particular. Para reforzar el criterio mayoritario, el presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido, se ha comprometido a presentar en el mismo Pleno de octubre su propia ponencia sobre el recurso de la exconsejera Dolors Bassa, que se distribuirá entre los magistrados antes de esa sesión.
El fondo del debate: qué significa 'beneficio personal'
La controversia jurídica gira en torno a la interpretación del perímetro de la ley de amnistía, que se aprobó en 2024 y fijó un perímetro concreto de delitos, incluyendo la malversación solo cuando no mediara ánimo de lucro, una excepción que los instructores del procés leyeron en sentido estricto. Según la nueva ponencia que se debatirá el 6 de octubre, el Tribunal Supremo se apartó de la finalidad de la ley de amnistía al rechazar aplicársela a varios dirigentes del procés como Carles Puigdemont.
El texto en preparación plantea, además, consecuencias procesales concretas: propone anular los autos de la Sala de lo Penal del Supremo que denegaron la amnistía a Turull y ordenar al alto tribunal que dicte nuevas resoluciones respetuosas con los derechos constitucionales del recurrente. La ponencia sostiene que el Supremo realizó una interpretación que se apartó del objetivo explícito que perseguía el legislador al redactar la ley de amnistía.
Efectos sobre Puigdemont y el resto de recursos
La decisión llega apenas unos días después de que el instructor del procés en el Supremo, Pablo Llarena, rechazara aplicar la amnistía a Puigdemont y mantuviera vigente la orden nacional de detención. Llarena desestimó la petición presentada por Carles Puigdemont tras la sentencia del TJUE del pasado 16 de julio, una decisión que también afecta al exconsejero Antoni Comín. Fuentes del propio Supremo consultadas por la prensa apuntan ahora a que el magistrado Pablo Llarena estudiará la aplicación de la amnistía a Puigdemont en cuanto conozca el contenido de la sentencia del Constitucional y su interpretación sobre el supuesto beneficio patrimonial.
El de Turull es el primero de una serie de siete recursos de amparo relacionados con la negativa del Supremo a aplicar la amnistía a la malversación, de los que cuatro corresponden a dirigentes condenados: Turull, Junqueras, Romeva y Bassa. Los otros tres afectan a los procesados en rebeldía Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. Según recogen varios medios jurídicos, será en el Pleno del 6 de octubre cuando el tribunal de garantías se pronuncie con las primeras sentencias definitivas respecto a los recursos de amparo, fijando una doctrina decisiva para todos los encausados.