Este domingo, los lectores de Levante-EMV, Información, Mediterráneo y de otras cabeceras de Editorial Prensa Ibérica han encontrado en las secciones de opinión, ocupando una página completa, el mismo artículo con la misma firma, la de Juan R. Gil, director general de Contenidos del grupo para la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía. Un texto que un directivo distribuye a la vez en media docena de periódicos no expresa el parecer de un columnista, sino el de la empresa, y así conviene leerlo.
El artículo ocupa una página con las cuitas de los barones del PP y la remata con un mensaje que publiqué en la red social antes llamada Twitter el día en que se ejecutó el desahucio de la ya famosa Maricarmen: «Tener 87 años no te da derecho a vivir a costa de otros en una vivienda noble de un barrio burgués». Lo escribí a título personal y con mi nombre, como escribo esto. Gil concluye pidiendo que me echen a la calle y, por si nadie le hace caso, que los lectores castiguen en las urnas a una senadora. Que el director de contenidos de un grupo de comunicación reclame el despido de un ciudadano por opinar, y el escarmiento electoral de quien no lo despida, revela una idea de la libertad de expresión que en otro tiempo habría escandalizado a sus propios periódicos.
Lo llamativo, sin embargo, es lo que falta. En toda la página no se dedica una frase a la política de vivienda del Gobierno de España. No aparecen la Ley de Vivienda, el Banco de España, Casa 47 ni el decreto que el Congreso derogó en abril; aparecen, en cambio, Ayuso, el ático, Feijóo, Moreno, Rueda, Mompó, Catalá, Pérez Llorca y un asesor. Del Gobierno que legisla sobre arrendamientos, fija los impuestos y lleva ocho años anunciando planes solo se nos dice que su gran enemigo es «él mismo». A esa manera de repartir la severidad se le llama condescendencia con el poder, y basta imaginar una página igual sobre el Ministerio de Vivienda para entender de qué hablo.
Sobre Maricarmen mantengo lo que dije, y lo mantengo con los datos que la columna prefiere no mencionar. El contrato lo firmó su padre en 1956. A su muerte se subrogó la madre, y cuando esta falleció, en 2005, se subrogó ella. La disposición transitoria segunda de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada con Felipe González en La Moncloa, limita esa segunda subrogación a dos años salvo que el subrogado tenga una discapacidad igual o superior al 65 por ciento; la suya es del 50. El contrato, por tanto, se extinguió hacia 2007, y durante casi dos décadas más siguió pagando en torno a 500 euros por un piso por el que hoy se piden 2.650, de modo que la diferencia la ha sostenido mes a mes un propietario privado. De hecho, una familia tuvo que malvender el piso a lo que hoy muchos llaman ‘fondo buite’ (sin saber lo que es) y que no es más que unos pequeños inversores inmobiliarios, más dispuestos a soportar el coste de tener el piso alquilado en tan nefastas condiciones. Los tribunales acabaron dando la razón a la propiedad, el Supremo en marzo, y el Constitucional inadmitió el amparo. Que el resultado repugne a Gil no lo hace injusto: es lo que dispone una ley que otros aprobaron y que nadie se ha molestado en cambiar. Es más, es lo que dispone una ley que fue necesaria para que el mercado del alquiler de vivienda funcione mínimamente en España.
Nadie ha dicho que Maricarmen no pagara. Lo que sostengo es que la compasión no puede convertirse en un título jurídico contra un particular. El artículo 47 de la Constitución no encomienda la vivienda digna a los caseros, sino a los poderes públicos. Tener 87 años y estar en situación de vulnerabilidad -que no parece que sea el caso- puede otorgar derecho a que el Estado, la Comunidad y el Ayuntamiento le procuren una casa con el dinero de todos, incluido el mío; no da derecho a que la pague un propietario al que la historia de un contrato ha puesto en su camino. Tampoco cuando el propietario es un inversor, porque el Estado de Derecho no distingue entre dueños simpáticos y antipáticos. Y una vez que el Tribunal Supremo ha resuelto, acampar en un portal para impedir que se cumpla una sentencia no es solidaridad, del mismo modo que un ministro indignado por la ejecución de una resolución firme, dictada conforme a leyes que su Gobierno no ha tocado, debería inquietar a cualquier demócrata mucho más que un tuit.
Si Maricarmen fuera mi abuela no la habría convertido en pancarta; le habría buscado un piso, cosa que ninguna administración hizo a tiempo. Su abogada afirma que nadie le ofreció una vivienda alternativa; el Ayuntamiento replica que le ofreció plazas en residencias y que las rechazó. Lo que nadie discute es que el Gobierno de España, que presume de tener una empresa pública de vivienda, no le ofreció una vivienda, sino comprarle el piso al fondo, una manera muy fotogénica y bastante cara de no resolver nada. Además, bastante injusta, porque parece que en Moncloa solo importa resolver el problema de vivienda de una señora de cómoda posición, y no los de millones de jóvenes en nuestro país a los que se perjudica con cada alegato contra los arrendadores.
Porque el fondo del problema está en otra parte. Ocho años después de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, el alquiler marca máximos históricos, 15,3 euros por metro cuadrado en junio, y se lleva el 35 por ciento de la renta neta de una familia media. La oferta ha caído al 0,69 por ciento del parque, cada anuncio recibe más de 33 contactos cuando en 2019 no llegaba a siete, y en Barcelona recibe 68, el doble que cuando entró en vigor la Ley de Vivienda que iba a arreglarlo todo. El Banco de España calcula que desde 2021 faltan 750.000 viviendas y que el año pasado se formaron 240.000 hogares mientras se terminaban 92.000 casas, y concluye con toda claridad que el problema es de oferta. Sé que la competencia en vivienda es autonómica, pero los arrendamientos, la fiscalidad, los decretos-leyes y Casa 47 son del Estado, y con todo ello el Gobierno ha hecho lo contrario de lo que hacía falta: topar precios, prorrogar contratos por decreto, cargar sobre los propietarios el coste de una política que no quiere pagar y espantar de paso la poca oferta que quedaba.
Basta repasar lo ocurrido este año. En marzo, el Gobierno aprobó un real decreto-ley que imponía una prórroga de hasta dos años a los alquileres de vivienda que vencieran antes de 2028 y un tope del 2 por ciento a las actualizaciones, y lo justificó, según puede leerse en el BOE, por las consecuencias económicas de la guerra de Irán. El Congreso lo hizo decaer el 28 de abril. En julio preparó otro decreto que, según ha contado el ministro Urtasun, incluía una cláusula pensada para Maricarmen (aunque no era cierto), y tampoco lo aprobó. Ahora, con la imagen de la camilla aún reciente, anuncia un tercero para el martes, en el que sus socios quieren incluir la prohibición de que los fondos compren viviendas y la expropiación del piso de Maricarmen, es decir, una expropiación singular por decreto-ley, con nombre y apellidos y con la causa expropiandi decidida después de la fotografía. No hace falta ser catedrático para saber cómo acaban esas cosas en los tribunales. Entre tanto, el escudo social que se prorroga sin descanso desde 2020 no ha protegido a la inquilina vulnerable más conocida de España, Casa 47 estrenó su portal el 7 de septiembre con 800 viviendas disponibles para todo el país y España sigue gobernada, por tercer año, con los Presupuestos de 2023. Con eso ha respondido el Gobierno a la crisis de la vivienda, y sobre eso la columna no encontró espacio para escribir una línea.
Un grupo de comunicación menos deferente con el poder habría preguntado por qué un decreto de vivienda se justificó con la guerra de Irán, por qué la cláusula de julio no se aprobó si era tan decisiva o por qué el Estado tiene ochocientas viviendas y ninguna para Maricarmen. Prensa Ibérica prefirió pedir mi cabeza. Sale más barato y, sobre todo, no molesta a quien reparte la publicidad institucional. Mi despacho es, por cierto, cliente de ese grupo de medios, pero obviamente no tan generoso como las administraciones gobernadas por el PSOE.
Como Gil terminó hablando de papeletas, terminaré yo también. No le pido a nadie que borre nombres; les pido a los periódicos que publicaron su columna que le hagan al Gobierno una sola de las preguntas que me han hecho a mí. Y a todas las personas necesitadas de vivienda -no solo a Maricarmen- les deseo lo que los poderes públicos les deben desde hace años, una solución al mayor problema de los españoles.