El despacho Soriano i Piqueras ha presentado ante el Tribunal de Instancia de Llíria una querella por un delito continuado de estafa agravada contra las tres sociedades del grupo Caravanas Osito (Caravanas Osito, Autocaravanas Osito y Osito Camper Van), su administradora única y tres apoderados.
Actúa en nombre de un comprador que pagó 126.950,01 euros por una autocaravana que nunca recibió, y pide con carácter urgente el bloqueo y el embargo preventivo de las cuentas del grupo.
Según la querella, el cliente, un vecino de València, encargó en octubre de 2025 una autocaravana nueva y entregó a cuenta el 20 % del precio, con entrega anunciada para marzo o abril de 2026. A finales de mayo se le comunicó que el vehículo salía de fábrica y se le exigió el resto, más de 100.000 euros, con el argumento de que solo así entraría en la «cola de taller». Lo pagó en cuatro días, con sus ahorros y sin financiación.
Durante meses el grupo dio nuevas fechas de entrega sin cumplir ninguna, y en julio le emitió la factura de venta. El 3 de noviembre, con los establecimientos ya cerrados, la distribuidora oficial de la marca le comunicó por escrito que la autocaravana nunca fue del concesionario: estaba allí en depósito, la distribuidora no se la había vendido ni facturado y el grupo no había pagado nada por ella. La distribuidora conserva la documentación necesaria para matricularla.
El abogado Víctor M. Soriano i Piqueras, socio director del despacho, dirige el asunto junto con la socia responsable de la firma en Valencia, Inma Yáñez. Colabora con ellos la abogada Joanna Vendrell.
La querella sostiene que el caso no es aislado y que «no se está ante un simple incumplimiento civil ni ante las consecuencias de una crisis empresarial sobrevenida». Según el escrito, el grupo exigía el pago íntegro mucho antes de la entrega, en contra de sus propias condiciones generales, repartía los cobros entre cuentas de distintas sociedades y vendía vehículos que no había pagado a sus proveedores. Los compradores, añade, «entregaron cantidades que en muchos casos superan los cincuenta mil euros —a menudo sus ahorros o el importe de un préstamo— sin otra garantía que la confianza que les merecía la firma».
Los establecimientos de La Pobla de Vallbona y San Antonio de Benagéber permanecen cerrados desde finales de octubre. Según la información publicada, los afectados superan el medio centenar de familias y el perjuicio conjunto excede de tres millones de euros.
El escrito califica los hechos como un delito continuado de estafa agravada en su modalidad de delito masa (artículos 248, 250 y 74 del Código Penal) y, alternativamente, como estafa impropia por la venta de un vehículo ajeno. El Código castiga la estafa agravada con penas de cuatro a ocho años de prisión cuando lo defraudado supera los 250.000 euros, que pueden elevarse si el fraude perjudica a una generalidad de personas. La querella atribuye también responsabilidad penal a las tres sociedades.
Como medidas urgentes, pide al Tribunal que acuerde, sin oír antes a los querellados, el bloqueo y embargo preventivo de cuatro cuentas del grupo en BBVA y CaixaBank y de las demás que se localicen; el embargo de otros bienes hasta cubrir el importe reclamado; el inventario de los vehículos que quedan en las instalaciones, con prohibición de retirarlos, y el depósito judicial de la autocaravana del querellante.
Solicita además la intervención judicial de las tres sociedades. «El saldo de una cuenta puede transferirse en segundos», advierte el escrito, y «sin una actuación inmediata, la eventual condena a restituir e indemnizar quedaría vacía de contenido».
«Lo urgente ahora es asegurar el dinero», señala Soriano i Piqueras. «Los establecimientos están cerrados y nadie da explicaciones a los clientes. Por eso pedimos que las cuentas se bloqueen de inmediato y sin avisar antes a los querellados».
La querella pide también que los querellados declaren como investigados, que se registren las instalaciones si no entregan su contabilidad y que un perito informe sobre el destino del dinero. Y reclama que las denuncias presentadas ante la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional se reúnan en una sola causa. «Hay decenas de familias en la misma situación y denuncias repartidas entre distintos cuerpos policiales. Lo razonable es que todo se investigue en un único procedimiento», añade el letrado.
El Tribunal debe resolver ahora sobre la admisión de la querella y sobre las medidas cautelares. Soriano i Piqueras prepara nuevas querellas en nombre de otros afectados.
Los hechos expuestos son los que describe la querella y deberán ser investigados. Las personas y sociedades querelladas tienen derecho a la presunción de inocencia.
