El fallo
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de tres años de prisión, 17 años y 3 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público y multa de 3.600 euros al expresidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez López, por dos delitos de prevaricación, uno de ellos en concurso con un delito de falsedad documental, en relación con un proyecto de auditorio en la localidad murciana de Puerto Lumbreras cuando él era su alcalde. El tribunal, formado por los magistrados Manuel Marchena (presidente), Carmen Lamela (ponente), Eduardo de Porres, Leopoldo Puente y Javier Hernández, ha desestimado íntegramente el recurso de Sánchez López contra la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Murcia, de marzo de 2023.
El origen: un auditorio inacabado
Los hechos probados recogen un conjunto de irregularidades que, con inicio en el año 2005, rodearon al proyecto de construcción de un teatro-auditorio en la localidad, que requirió la solicitud de una subvención de seis millones de euros a la comunidad autónoma. El tribunal considera probado que, cuando el arquitecto advirtió de la inviabilidad técnica y económica del proyecto, lo comunicó al entonces alcalde, quien acordó con la secretaria accidental del Ayuntamiento preparar un proyecto modificado para justificar la inversión de la subvención y evitar su devolución, aunque la obra quedara inacabada.
Documentos oficiales, no meros trámites
El Supremo rechaza el argumento del recurrente, según el cual su intervención en los documentos remitidos a la comunidad autónoma habría tenido un carácter meramente institucional o protocolario. Para el alto tribunal, no se trataba de escritos irrelevantes, sino de documentos administrativos oficiales dirigidos al órgano autonómico concedente de la subvención, integrados en el procedimiento administrativo y encaminados a justificar requisitos esenciales para la concesión de fondos.
El Supremo avala, por lógicas y suficientes, las razones de la Audiencia de Murcia para concluir que, dada la notoriedad y cuantía del proyecto y su implicación personal en la promoción del mismo, era imposible que el exalcalde no tuviera conocimiento de lo que estaba firmando.
Otros condenados en la causa
La sentencia confirma también la condena al arquitecto que redactó los proyectos, Martín Lejarraga, a 16 años y 6 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo como cooperador necesario de los delitos de prevaricación. Respecto a la secretaria accidental del Ayuntamiento, condenada por la Audiencia de Murcia a 15 años y 6 meses de inhabilitación por cooperación necesaria en la prevaricación, el tribunal estima parcialmente su recurso para precisar que la pena afecta a los empleos o cargos que impliquen funciones de secretaría, fe pública, asesoramiento legal preceptivo o intervención jurídica equivalente.
Un largo recorrido judicial
Pedro Antonio Sánchez fue alcalde de Puerto Lumbreras entre 2003 y 2013 y posteriormente presidente de la Región de Murcia entre 2015 y 2017, cargo que dejó en medio de la presión generada por la instrucción del caso. La Audiencia Provincial de Murcia dictó la condena en marzo de 2023, resolución que quedaba pendiente del recurso de casación resuelto ahora por el Tribunal Supremo.