El abogado denuncia la falta de impulso procesal de los letrados de la Administración de Justicia y la parálisis de numerosas oficinas judiciales, que mantienen sin tramitar solicitudes urgentes de medidas cautelares mientras los investigados conservan la libre disposición de sus bienes.
El abogado Víctor Soriano, socio-director del despacho Soriano i Piqueras y especialista en derecho penal administrativo y económico, ha denunciado la situación de «auténtica desesperación» que viven las víctimas de grandes estafas ante la falta de respuesta de numerosas oficinas judiciales a las solicitudes de medidas cautelares destinadas a garantizar la recuperación del dinero defraudado.
«Defiendo a víctimas de estafas millonarias que llevan meses esperando que un juzgado embargue a los presuntos estafadores. Sabemos dónde está el dinero, conocemos las cuentas bancarias y hemos solicitado formalmente su embargo. Pero los meses pasan y los expedientes siguen sin avanzar. Cuando finalmente se adopten las medidas, es posible que ya no quede nada que embargar», advierte Soriano.
El letrado expone varios ejemplos de procedimientos penales en los que interviene su despacho y que ilustran una situación que, según denuncia, se reproduce en órganos judiciales de toda España.
En Madrid, un particular víctima de una estafa de un millón de euros lleva esperando desde marzo a que se resuelva su solicitud de medidas cautelares, que el propio letrado presentó en persona en el juzgado de guardia (aquel día, Instrucción 43, todavía bajo la batuta del juez Peinado) por su urgencia. La acusación ha identificado las cuentas bancarias de los investigados, pero el juzgado todavía no se ha pronunciado. Una situación similar se produce en Coslada (Madrid), donde otro particular, perjudicado por una presunta estafa de más de 300.000 euros, solicitó en junio el embargo cautelar de bienes y cuentas bancarias perfectamente identificadas. Cinco meses después, sigue sin obtener resolución.
En Valencia, una empresa perjudicada por una presunta estafa de importe millonario lleva desde 2025 esperando una decisión judicial sobre las medidas cautelares personales solicitadas, entre ellas la retirada del pasaporte a uno de los investigados. Entretanto, el investigado continúa sin esa restricción. Por su parte, ante la Audiencia Nacional, un particular víctima de una presunta estafa de casi 100.000 euros solicitó en junio medidas cautelares sobre cuentas bancarias conocidas, sin que tampoco en este caso se haya producido pronunciamiento alguno.
A estos procedimientos se suman, según Soriano, otros asuntos similares que el despacho tramita ante distintos juzgados españoles y en los que las solicitudes urgentes permanecen pendientes durante meses.
«Presentamos escritos, llamamos, enviamos a los procuradores a los juzgados y no conseguimos que los expedientes avancen»
El socio-director de Soriano i Piqueras explica que la inactividad persiste incluso después de agotar las vías ordinarias para promover la tramitación de los procedimientos.
«Presentamos escritos de impulso procesal, nuestros procuradores llaman reiteradamente a las oficinas judiciales e incluso acuden personalmente para interesarse por el estado de los asuntos. Y, pese a todo, transcurren semanas y meses sin que se produzca ningún avance. Ejercer la acusación penal en España se está convirtiendo en una actividad desesperante», afirma.
Para el abogado, el problema resulta especialmente grave en los procedimientos por delitos económicos, donde la eficacia de las medidas cautelares depende directamente de la rapidez con la que se acuerden.
«Una cuenta bancaria se puede vaciar en minutos. Un investigado puede transferir su patrimonio al extranjero o hacerlo desaparecer en cuestión de días. ¿De qué sirve que el juzgado acuerde un embargo un año después de haberlo solicitado, cuando el dinero ya no está?», se pregunta.
El abogado subraya que sus críticas están dirigidas fundamentalmente al funcionamiento administrativo de los juzgados y a quienes tienen encomendada la responsabilidad del impulso procesal.
«La peor parte es que las decisiones pendientes en su mayoría no están en la mesa del juez sino acumuladas ante la inacción de los letrados de la Administración de Justicia, que tienen atribuida legalmente la función de impulsar los procedimientos, y a unas oficinas judiciales en las que, en demasiadas ocasiones, se trabaja mucho menos de lo que sería necesario para ofrecer un servicio público de justicia mínimamente eficaz. Llegan muy tarde a la mesa del juez», sostiene.
Soriano considera que la falta de medios no puede convertirse en una justificación universal de cualquier retraso y reclama una mayor exigencia de responsabilidad por la tramitación efectiva de los procedimientos.
«No podemos aceptar que la respuesta a todo sea que hay mucho trabajo. Hay oficinas judiciales que funcionan razonablemente bien y otras en las que conseguir que un expediente avance se convierte en una odisea. Es imprescindible exigir resultados, controlar los tiempos de tramitación y asumir que detrás de cada expediente hay personas que pueden estar perdiendo los ahorros de toda su vida».
El abogado advierte de que esta situación no solo compromete las posibilidades de recuperación de las cantidades defraudadas, sino que erosiona profundamente la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia.
«Hay personas que han perdido un millón de euros, o todos sus ahorros, y que están haciendo un esfuerzo económico adicional para ejercer la acusación particular. Lo mínimo que pueden esperar del Estado es que sus solicitudes urgentes se tramiten con diligencia. No les estamos pidiendo a los juzgados que condenen a nadie sin juicio, sino que estudien y resuelvan las medidas que hemos solicitado para impedir que desaparezca el patrimonio de los investigados».




